Extraida de Noticias Ser
Por: Juan Arribasplata
La minería es la actividad que ha favorecido el crecimiento de la economía en Cajamarca, pero también ha sido una fuente de conflictos sociales y protestas. Una de la causad del conflicto se encuentra en la política de concesiones para la actividad minera. En muchos casos, a pesar de que las empresas mineras cuentan con la autorización del Estado, no tienen la venia ni la aprobación de la población.
Según el Ministerio de Energía y Minas, en Cajamarca hay 3.3 millones de hectáreas de territorio concesionado para la minería, del cual en el 0.4% se realizan actividades de explotación. Asimismo, el Mapa de Concesiones Mineras, muestra que Cajamarca es la segunda región a nivel nacional que tiene más territorio concesionado con 48,47% después de Apurímac, con 56,52%.
Federico Sánchez, director regional de Energía y Minas de Cajamarca, señala a Noticias SER: “La primera etapa de un proyecto minero es la concesión y en su mayoría en la región corresponden a la gran minería. Asimismo, las empresas pequeñas han caído en la informalidad a pesar que son propietarias de los terrenos pero no pueden realizar la actividad minera porque están dentro de la concesión de las empresas grandes”.
Conflictos y Concesiones
Cajamarca es la tercera región del Perú con conflictos entre población y empresas mineras. Según el último Reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, hasta el mes de julio se han reportado un total de 214 conflictos, de los cuales 118 son de carácter “socioambiental”. Cajamarca se encuentra en el segundo lugar con 18 casos después de Puno con 22. Por ello no resulta raro que permanentemente se organicen paros y movilizaciones, como la que se realizó en Vira Vira, en Chugur, donde se pidió que se dejen de otorgar concesiones en Cajamarca.
Sobre el tema, el especialista en industrias extractivas, Carlos Monge señaló en una reciente visita a la región “que no debería haber concesiones en territorios donde hay reservas acuíferas, porque esto podría generar el incremento de conflictos sociales” Asimismo indicó que también es importante que las poblaciones sean informadas antes de que se otorguen las concesiones.
Al momento existen 2,385 concesiones en la región, pero no hay actividad minera en todas debido a que no se han concedido los permisos ambientales que exige la ley. A inicios de este año el INGEMMET otorgó 13 concesiones mineras, todas ellas al amparo del Decreto Legislativo Nº 708, que contiene la Ley de Promoción de Inversiones en el sector minero. Las empresas que tienen más concesiones en la región son: Minera Yanacocha, Vale Perú y Minas Buenaventura
Expectativa por la Ley de Consulta Previa
El próximo debate de la ley de consulta previa ha generado expectativas diversas en la región, donde es bueno recordar que en el caso del distrito de La Encañada –cuyo territorio esta concesionado al 100%- la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de La Encañada ha solicitado que se haga una consulta previa a la población para saber si quieren o no minería.
Al respecto, Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina refirió a Noticias SER: “No tengo tanta confianza en que se apruebe la Ley de Consulta previa, ya que en algunos casos, el poder económico puede comprar a la comunidad, como lo que ha pasado en Conga, donde la comunidad se ha dividido”. De otro lado Rosa Duran, vocera oficial de Gana Perú en Cajamarca declaró que “Ojala se apruebe rápido para a partir de allí ver cómo se tratan los temas de las concesiones mineras”.
Desde el sector empresarial, el responsable regional del Grupo Norte, Freddy Regalado, indicó que: “El Estado debe ser el promotor y responsable del desarrollo de todo este proceso. Mientras más inversiones haya obviamente habrá mejores posibilidades para cumplir con todos los compromisos como crear mejores condiciones de vida, disminuir las brechas de pobreza que existen. En ese sentido, esperamos que se apruebe la Ley de Consulta y que la población poco a poco tengan que decidir ya que eso nos parece que es parte del ejercicio democrático en el proceso de modernización del Estado peruano”, puntualizó.
Sin embargo, no queda claro en qué casos se aplicaría la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en el caso de Cajamarca, donde no hay grupos ni organizaciones que se reconozcan como tales. En todo caso la expectativa por la aprobación de la ley existe y es vista como una vía para solucionar los diversos conflictos mineros que existen en la región.
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