Autor(a): Instituto de Defensa Legal
Todos los que participaron del diálogo que se llevó a cabo el día domingo, entre una delegación de cinco Ministros de Estado, presidida por el Premier, Salomón Lerner Ghitis, con autoridades (Presidente Regional) y dirigentes de Cajamarca, han coincidido en reconocer que, luego de más de nueve horas de negociación, se había llegado a los siguientes cuatro acuerdos:
- Que el retiro de la maquinaria del Proyecto Conga sería un asunto que manejaría la Defensoría del Pueblo.
- Que se revisaría el informe de impacto ambiental, con la participación de expertos nacionales y extranjeros del máximo nivel profesional.
- Que se iniciaría la discusión sobre el Plan Regional de Desarrollo de Cajamarca.
- Que se levantaría el paro.
Sin embargo, el diálogo se rompió cuando los representantes de Cajamarca, pidieron se les permitiera consultar a la población que se encontraba en los alrededores.
Dicha solicitud no fue aceptada, y se les exigió firmar en ese momento, o de lo contrario los acuerdos quedarían en nada, tal como ocurrió.
Ante estos hechos señalamos lo siguiente:
1. Reconocer la buena disposición para negociar, tanto de los representantes del Gobierno, como de las autoridades de Cajamarca, hasta antes que se produjera el impase.
2. Lamentamos que acuerdos tan importantes para todos no se hayan llegado a concretar.
3. No entendemos que el Gobierno, en lugar de permitir la consulta solicitada, la misma que se podía condicionar a un tiempo máximo, haya optado por declarar el estado de emergencia en varias provincias.
4. Los representantes del Gobierno debieron contemplar que esa necesitad de consultar, lejos de ser una manifestación de intransigencia, es la forma en que habitualmente actúan los dirigentes sociales, especialmente frente a una población movilizada, a fin de evitar que se les acuse de traición, y que acuerdos convenientes sean rechazados, simplemente por no haber sido previamente informados.
En todo caso, este impase se podría haber evitado si los representantes del Gobierno hubieran advertido desde el comienzo que no se aceptaría ningún tipo de consulta, como suele hacerse. Tal vez esta condición hubiera determinado que los representantes sociales recabaran previamente la autorización para firmarla de manera independiente.
5. Ni Alan García recurrió al estado de emergencia como medio de solución de conflictos sociales. Esta práctica nos hace evocar, más bien, los años de Fujimori.
Es cierto que ha habido graves e injustificados excesos y disturbios, que no son propios del derecho a la protesta pacífica; aunque hay algunos que la población asegura que han sido cometidos por infiltrados.
Sin embargo, no es cierto que el estado de emergencia se haya promulgado para restaurar el orden, ya que, si bien la protesta sigue siendo multitudinaria, el funcionamiento habitual de la ciudad y de sus alrededores se viene normalizando desde hace varios días.
6. Introducir la costumbre de responder a un problema social con el control policial y militar de las calles y de la población, lo único que provocará es el incremento del resentimiento y la desconfianza.
Asimismo, el haber optado por esta drástica medida, cuando ya se había llegado a acuerdos que sólo faltaban ratificarse, puede provocar que en otras zonas en las que hay conflictos similares, la población esté dispuesta a tomar mayores medidas de fuerza con el objetivo de enfrentar dicha intervención policial y militar. Es evidente también que, en esa lógica, quienes se fortalecerán serán los grupos más radicales.
7. Tampoco se puede olvidar que el Presidente Humala, ofreció durante su campaña, instaurar una nueva manera de solucionar los conflictos sociales, protegiendo los derechos de todos, y no sólo los de una de las partes. Promesa que debió cumplir especialmente en este caso, ya que fueron sus propios representantes los que advirtieron las irregularidades y deficiencias que había en el informe de impacto ambiental relacionado con el proyecto Conga.
El gran desafío: retomar los cuatro acuerdos
Por encima de lo sucedido, lo verdaderamente importante es que ya se habían logrado cuatro acuerdos de la máxima importancia.
Para nosotros el acuerdo es mucho más conveniente para el país que la imposición de una medida de fuerza. El consenso es la vía pacífica de solución de conflictos sociales, mientras que el estado de emergencia sólo significa postergar las diferencias y constituye generalmente fuente de violencia y abusos contra la población.
Es por ello que nuestro planteamiento es que se retomen los cuatro acuerdos logrados y se permita que los dirigentes hagan la consulta solicitada, en un plazo perentorio. Si éstos son rechazados, allí sí se habrá demostrado que estamos ante una población intransigente.
De otro lado, la revisión del informe de impacto ambiental de manera independiente y objetiva, como lo plantea uno de los acuerdos, podría ser el medio para corroborar que, tal como lo señala la empresa, el proyecto Conga no tendrá los efectos medio ambientales por los que protesta la población. Si fuera así, estaríamos ante un proyecto sumamente beneficioso para el país, viable y contra el que nadie podría oponerse.
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